La pandemia generó una fuerte crisis económica en las instituciones. Pese a las clases virtuales, la morosidad no para de crecer y no se llegan a pagar los costos fijos. Unos 70 mil alumnos integran la currícula de la educación privada en Mar del Plata.
Después de cumplidos los 70 días del aislamiento social preventivo y obligatorio, los establecimientos de educación privada de todos los niveles de la ciudad advirtieron sobre la situación que viven con el aumento en la morosidad de las cuotas y la ausencia de ayuda estatal.
Así, días pasados, tanto la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) reclamaron medidas como “salvataje económico de aquellas instituciones que corren riesgo de cierre, ATP educativo para aquellas escuelas que no puedan afrontar el pago de sueldos y la incorporación de escuelas que quedaron afuera del ATP por la especificidad propia del servicio educativo”. En el ámbito de general Pueyrredon, unos 70 mil chicos asisten a colegios privados, un tercio de la población estudiantil local que abarca a unos 210 mil estudiantes. El reclamo se basó en la opinión recabada a través de una encuesta sobre 374 unidades educativas.
“No hay otra salida que el ATP, la ayuda del Gobierno, hasta que se retomen las clases presenciales. Tampoco podemos pedir a los padres que paguen la cuota cuando llevan 70 días con el negocio cerrado”, señaló el representante legal del Instituto San Nicolás de los Arroyos, Matías Barrionuevo.
La institución, con más de de 30 años de trayectoria, nuclea a unos 850 alumnos en los niveles inicial, primario y secundario y a 140 empleados docentes y no docentes.
Aunque las clases continuaron de forma virtual, después de la cuarentena obligatoria la morosidad aumentó entre un 50% y 60%. Desde el colegio apelaron “a la empatía y solidaridad” en este complejo momento. “No podemos reclamarles a los padres que no tuvieron ingresos, por eso hablamos caso por caso. Les decimos que paguen lo que puedan, que se queden tranquilos”, explicó Barrionuevo.
De todas formas, en la institución cumplieron con el pago “de todos los salarios”, para lo cual debieron recurrir “a los créditos al 24 por ciento”. “Eso en algún momento habrá que pagarlo”, reflexionó Barrionuevo.
Además, explicó que los costos fijos “son los mismos”. “Entre el 80 y 85 por ciento del presupuesto representan los salarios, y los gastos siguen más o menos igual, bajaron un 5 o 7 por ciento con el colegio cerrado”, detalló.
A entender de Barrionuevo, la situación es de “incertidumbre” y advirtió que instituciones más pequeñas, especialmente jardines de infantes, ya “empezaron a cerrar”. Un panorama similar pintó el representante legal del Colegio Atlántico del Sur (CADS), Juan Lofrano, al reconocer que “creció el porcentaje de morosidad de manera esperable” y contó que “con cada familia tenemos un acuerdo particular, según las necesidades”.
“Trabajamos responsablemente, sabemos que las familias hacen un esfuerzo muy grande y el colegio también les va a dar una mano”, añadió. Con más de 20 años de trayectoria, el CADS nuclea a unos 1.900 alumnos en los niveles inicial, primaria, secundario y terciario.
La situación es parecida en los colegios parroquiales, algunos dependientes del Obispado local. “No contamos con cuotas ni ingresos extra, como el buffet o el alquiler de los gimnasios”, describió el presidente de la Junta Regional de Educación Católica de la Diócesis de Mar del Plata (JURE), Javier Sánchez.
A pesar de la situación “complicada”, aseguró: “Tenemos una mirada esperanzadora y un desafío por delante”. La JURE nuclea a 24 establecimientos educativos dependientes del Obispado de la Diócesis de Mar del Plata (que abarca desde Necochea hasta Villa Gesell, incluyendo Otamendi y Balcarce). En la ciudad también existen otros 25 colegios católicos pero que dependen de diversas congregaciones, nucleando en total a unos “20 mil alumnos de todos los niveles”.
Ante el crecimiento de la morosidad (en marzo fue del 40 por ciento, en abril del 60 y mayo va creciendo) y la ausencia de ingresos, Sánchez explicó: “Armamos un esquema de solidaridad, tanto entre las familias como entre los colegios, ya que muchas familias están afectadas por la falta de ingresos”. Así, hay casos en que “se otorgaron becas o se postergaron los pagos, se harán cuando se pueda”, aunque garantizó “la continuidad pedagógica de todos”. El directivo también reclamó la asistencia estatal, a través del ATP, ya que “muchos colegios no están subsidiados, y los ATP sólo los otorgaron para los docentes curriculares, pero tenemos mucho más personal”.
. Proponen rescate económico para evitar “cierre masivo”
Ante la “crítica situación” que atraviesa el sector, los diputados Sergio Siciliano y Maximiliano Abad (Juntos por el Cambio) presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para aprobar un subsidio económico que ayude a las escuelas de gestión privada que enfrentan moras en las cuotas.
La marcada merma del pago de las cuotas se debe a la situación económica que atraviesan las familias bonaerenses, y muchas escuelas presentan serias complicaciones para cumplir con el pago de los salarios. El proyecto de los legisladores apunta a evitar que, sin la asistencia estatal, esta coyuntura derive en un “cierre masivo” de establecimientos.
“Creemos en la importancia de generar dispositivos estatales, pedagógicos y económicos, que acompañen a la educación pública y privada en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. La asistencia del gobierno provincial es necesaria para garantizar que la mora en las cuotas no se traslade al salario de los docentes”, sostuvo Sergio Siciliano, ex viceministro de Educación y uno de los autores del proyecto.
El proyecto ingresado en Diputados propone una ayuda extraordinaria con el fin de evitar la interrupción del servicio educativo y establece que, a partir de la reglamentación de la ley, las instituciones educativas tendrán un plazo de 30 (treinta) días hábiles para solicitar el subsidio económico. Para ello deberán presentar la acreditación de la situación patrimonial, una declaración jurada de la tasa de morosidad y un informe de inspección educativa.
“Hay una realidad muy compleja, en la que las familias debieron optar por cómo administrar sus recursos y en muchos casos es imposible sostener la cuota de un colegio privado. Pero eso no puede significar que sus hijos vean interrumpidos sus estudios. Por eso, tenemos que garantizar la continuidad pedagógica y sostener al sistema educativo en su conjunto, tanto en lo público como en lo privado”, sostuvo Abad.